Papeles del Psicólogo, 1981. Vol. (1).

Colegio Oficial de Psicólogos

Por la imposibilidad de incluir todo el material remitido a la Delegación de Madrid por parte de la Delegación de Cataluña sobre las Primeras Jornadas de Trabajo sobre "Municipios y Asistencia Psicológica", celebrada en Manresa el 26 de Abril de 1980, hemos seleccionado los puntos 4 y 5 de dicho trabajo: "Análisis de la situación actual" y "Nuestra propuesta de Servicios Psicológicos a los Ayuntamientos" como parte representativa de la problemática en Cataluña de los Servicios Municipales en lo que respecta a los psicólogos y las líneas de actuación predominantes.

Agradecemos a los compañeros catalanes la deferencia de habernos traducido dicho documento al castellano para facilitar su publicación.

En todos los servicios psicológicos municipales se pone de manifiesto una situación de malestar y de desorientación respecto a la forma de hacer frente a una situación en la que las necesidades y demandas sociales desbordan ampliamente los recursos existentes.

Este malestar se manifiesta tanto a nivel de la población general, como de los nuevos Ayuntamientos, como de los mismos profesionales.

Por lo que respecta a la población general, se ve afectada por una situación general caracterizada por la forma concreta en que se construye la democracia, en medio de una crisis social y económica de grandes dimensiones. El descenso de la participación popular en general, la crisis que atraviesan los movimientos ciudadanos supone, entre otros factores, una clara dificultad para plantear objetivos y reivindicaciones desde una perspectiva de conjunto, acompañados de vías concretas de acceso a su solución. Entonces surgen exigencias puntuales, parceladas y, a veces, más encaminadas a resolver situaciones agudas de conflicto por vías asistenciales, que a desarrollar una labor de prevención y transformación de las condiciones sociales causantes de aquellos desajustes. Otros sectores y necesidades, no menos importantes o urgentes, pero con un grado menor de organización social pueden pasar desapercibidos.

Los nuevos Ayuntamientos se ven forzados a afrontar estas demandas sin una serie de condiciones básicas, heredan de la situación anterior, la infraestructura económica, de organización, de funcionarios y profesionales; en consecuencia se producen conflictos y demoras en el trabajo. Al no disponer de una suficiente información, surgen iniciativas igualmente puntuales y parciales, improvisaciones, y una falta importante de coordinación entre las distintas concejalías y actuaciones. En éste marco, la correlación de fuerzas políticas, los cambios en la distribución de responsabilidades, etc., producen una considerable inseguridad e inestabilidad que afectan a los profesionales y ciudadanos implicados, así como también al mismo contenido del trabajo iniciado.

Resulta igualmente difícil la coordinación de los recursos sociales y psicológicos previamente existentes en cada ciudad. Servicios psicopedagógicos, centros de higiene y salud, servicios hospitalarios, educación especial, etc., disponen de profesionales sometidos a distintas dependencias jurídicas, a diferentes intereses económicos, políticos o de otro signo. Tal estado de cosas produce como resultado una deficiente utilización de los escasos recursos existentes.

Por parte de psicólogos y otros profesionales implicados en el trabajo municipal preocupados por estos temas, la desorientación y el malestar son igualmente grandes. Desde la población y desde el interior de los Ayuntamientos se hallan sometidos a presiones a las que a menudo no tienen posibilidad de responder.

A veces porque las mismas peticiones aparecen como ajustadas por falta de definición o de claridad del trabajo propio del psicólogo. Otras veces por falta de instrumentos o utensilios ajustados a un trabajo nuevo.

Ello supone un esfuerzo constante de definición del propio trabajo profesional y de reelaboración de estas demandas para que aparezcan las necesidades reales y de fondo en una colaboración con el fin de proporcionar a los propios Ayuntamientos y a la sociedad en general los recursos necesarios para hallar las soluciones.

Una tentación que puede presentársele al psicólogo ante esta indefinición sería la de mantenerse encerrado en un modelo de trabajo que pueda no ajustarse a la situación, pero que le proporciona más seguridad por ser más conocido. Si obrara así, no adquiriría recursos nuevos para afrontar nuevas necesidades de trabajo.

Por otra parte, los profesionales nos encontramos también con dificultades y resistencias por tener que renunciar a una situación anterior en la que no existía ningún tipo de control, al ver disminuido nuestro protagonismo o al tener que dialogar con políticos y ciudadanos que o bien se sitúan en una perspectiva más amplia y global que la de nuestro trabajo habitual o bien aportan otros modelos asistenciales.

Finalmente, los psicólogos que trabajan en Ayuntamientos encuentran importantes dificultades derivadas de la precariedad de las condiciones económicas y laborales. En muy pocos casos existen contratos de psicólogos como técnicos municipales, mientras predominan formas de contrato eventual, por horas, o bien ayudas puntuales, subvenciones renovables y otras formas que son fuente de conflicto o malversación de energías.

También se plantea el problema de cómo proceder a la contratación de psicólogos, la realización de concursos públicos, garantías de convocatoria y de tribunal, etc.

En las Jornadas, y respecto a esta situación de los profesionales se valoraba la necesidad de poder disponer, por lo menos, del apoyo de un equipo de trabajo y del contacto con otros psicólogos y profesionales, del mismo municipio o de otros, para enriquecer la reflexión y multiplicar las vías de búsqueda y solución a estos problemas.

En los Ayuntamientos donde no existen todavía servicios psicológicos los problemas son otros, por supuesto.

Quizá el más importante es el de la falta de información.

Los Ayuntamientos, los hombres que por elección están con ellos, no tiene, a menudo, una información demasiado clara de lo que los psicólogos podemos ofrecer; incluso a veces encontramos prejuicios de desconfianza o de pensar que la psicología es un lujo. Ello ha motivado, en algún lugar, recelos hacia la presencia de propuestas hechas por psicólogos. A menudo, detrás de esos recelos sólo hay desinformación. Cuando los compañeros han aclarado las cuestiones, han sido, en general, bien acogidos.

La realidad es que en muy pocas ocasiones las iniciativas de trabajo han surgido espontáneamente de los municipios. Los psicólogos deben tomar la iniciativa y presentarse a ellos con propuestas coherentes, ofreciendo a concejales y alcaldes la información que les falta.

Por parte de los profesionales, existe también a menudo un déficit de información respecto a cuáles son las principales necesidades de la población, las demandas que van surgiendo, las propuestas que pueden ajustarse mejor. Hay que tener en cuenta, entre otros factores, que nuestra formación profesional, al privilegiar la atención a problemas individuales no nos proporciona instrumentos suficientes para detectar y diagnosticar problemas sociales.

Debe hacerse esta recogida de información, saber qué plantean los programas de partidos y Ayuntamientos, de asociaciones de vecinos, de otros profesionales (trabajadores sociales, maestros, psiquiatras, etc.). La utilización de encuestas, el estudio de problemas especiales de la población y otros han sido instrumentos útiles. El contacto con asistentes sociales ha resultado siempre una buena vía para orientar las propuestas que se pueden dirigir a los Ayuntamientos. Estas mismas Jornadas, este documento, pueden ser también instrumentos válidos.

En los debates previos y a lo largo de las "Jornadas", los psicólogos coincidimos en la caracterización de los servicios y en los criterios básicos que, según nuestra opinión, deben reunir.

Estos criterios básico pueden ser los siguientes:

a) Han de ser servicios públicos.

b) Han de estar enmarcados en un planteamiento racional de los servicios sociales.

c) Deben priorizar las tareas psicosociales de base que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de la población y deben orientarse en la lucha contra cualquier forma de marginación y segregación.

d) Debe ofrecer una asistencia global e integrada, y promover equipos multidisciplinarios de trabajo.

En el marco de una tendencia general a la privatización de los servicios, impulsada desde el gobierno central en diversas formas de subvención con dinero público a servicios privados, nos parece necesario reafirmar con claridad la necesidad de promover servicios con un inequívoco carácter público, que pueda concretarse en los siguientes criterios:

1. Se tenderá hacia formas de financiación realizadas íntegramente con dinero público, que permitan un trabajo de los profesionales asalariados en condiciones justas y que impidan toda forma de lucro. Se tenderá igualmente hacia la gratuidad del servicio ofrecido.

2. Su trabajo se orientará hacia el conjunto de la población y deberá subordinarse a las necesidades establecidas como prioritarias en el marco de un planteamiento serio de las necesidades y recursos sociales. Ello implica priorizar el trabajo dirigido a los sectores más necesitados de la comunidad.

3. El trabajo de estos servicios debe ser controlado públicamente, el primer control deberá ser, efectivamente, el ejercicio por los consistorios democráticamente elegidos, pero pueden hallarse otras fórmulas de controldemocrático de la población. Dicho control, sin embargo, mirará de ser compatible y respetuoso con los criterios profesionales y deberá permitir una suficiente estabilidad y coherencia de trabajo.

Esta definición de principio no se puede entender en un sentido peyorativo o excluyente de las iniciativas privadas y particulares. Por el contrario, en las "Jornadas" se puso de manifiesto el interés por considerar todos los recursos de una población -sea cual sea su dependencia jurídica- y ofrecer formas de coordinación y vinculación -obviamente voluntaria- en el marco de una atención general a las necesidades sociales. Pero opinamos que las actuaciones realizadas por la Administración del Estado a nivel local en este caso, y a partir de recursos que son de todos los ciudadanos deben poder ser controladas también por todos los ciudadanos.

Es ésta una necesidad constatada con mucha fuerza en todos los municipios y comarcas de Catalunya. Una necesidad urgente.

En las "Jornadas" hemos comprobado la importancia de un trabajo de recogida de datos e información, de investigación social y de selección de las distintas posibilidades de respuesta. Un trabajo que debe hacerse previamente a cualquier iniciativa.

La participación de asistentes sociales y/o otros profesionales del trabajo social nos parece imprescindible, y todas las experiencias recogidas en este sentido en las Jornadas han sido valoradas muy positivamente.

Pensamos que esa labor de investigación de las necesidades sociales puede hacerse ya de forma interdisciplinaria, recogiendo distintas experiencias y puntos de vista sobre los problemas planteados. Los psicólogos presentes en la reunión, así como también nuestro Colegio Oficial, se ofrecen a todos los Ayuntamientos catalanes para colaborar en esta labor, y también a la Generalitat, que en nuestra opinión, puede aportar elementos muy importantes, como ya lo ha hecho en el área de la sanidad y de los servicios sociales, de cara a homogeneizar criterios básicos de actuación.

Un elemento importante a tener en cuenta de cara al planteamiento es el de establecer unidades territoriales de acción con un volumen de población y unas características de homogeneidad. Algunos problemas pueden ser estudiados y mejor resueltos a nivel de barriada o de pueblo; pero muchos otros requieren un enfoque más amplio, a nivel comarcal, por ejemplo; es importante subrayarlo porque en muchos casos la actual organización territorial de la Administración Local no lo facilita. Así en los datos obtenidos, se refleja una inflexión hacia un planteamiento excesivamente localista que puede comportar problemas no solamente de rentabilidad económica, sino incluso de racionalidad o de garantías de calidad.

Un buen criterio para establecer estas unidades podría ser el de la población que puede ser atendida por un equipo interdisciplinario básico, que recoja los profesionales necesarios a un adecuado planteamiento de cada uno de los temas.

Un objetivo fundamental de la investigación de las necesidades sociales debería consistir en un análisis riguroso de las demandas sociales que surgen de la comunidad.

Hemos visto ya, a la hora de analizar la situación actual, como las necesidades del movimiento ciudadano, la estructura que han heredado los nuevos Ayuntamientos y otras circunstancias condicionan demandas que, por sus características excesivamente puntuales, o demasiado centradas en asistir a un problema más espectacular, no pueden ser asumidas de forma literal. Los psicólogos, junto con otros profesionales, pueden ofrecer nuevos instrumentos de análisis de la realidad, esclarecer los problemas de fondo subyacentes en la demanda, averiguar qué aspecto de ella pueden corresponder el equipo de trabajo y qué otros aspectos deben ser resueltos por otras vías, en cuyo caso debemos aportar los elementos necesarios para que su solución sea posible a través de otras instancias de la propia comunidad. Al fin y al cabo, éste es uno de los componentes básicos de nuestro trabajo, tanto en el campo escolar, como en el clínico, de la formación, etc.

Al discutir las distintas opciones posibles para nuestro trabajo en los Ayuntamientos y las opciones prioritarias por las cuales haya que definirse, todos hemos coincidido también en dar prioridad al enfoque preventivo.

Entendemos la prevención como el conjunto de iniciativas profesionales que ponen el acento en la transformación de las condiciones sociales e institucionales que general problemáticas personales de sufrimiento e inadaptación.

Pero es evidente que ésta es una opción teórica, que debe explicarse midiendo las condiciones concretas de cada lugar o de cada problema. Por supuesto, existen hoy, en nuestras ciudades y comarcas, escuelas, barriadas y por todas partes, problemas agudos cuya atención no se puede rehuir.

Pero cuando se trata de servicios públicos municipales hay que dar prioridad a la orientación preventiva, a la promoción de recursos de la comunidad, a la modificación de las condiciones de vida de la población. En las Jornadas hemos constatado que este tipo de atención no puede ofrecerse desde iniciativas privadas; no llega a las poblaciones necesitadas si no es a partir de una iniciativa pública. Por ello denunciamos iniciativas -como la recientenormativa de subvenciones del INSERGO- que parte de un modelo de ejercicio profesional organicista y desfasado, según el cual, solamente pueden ser subvencionados tratamientos de cuadros patológicos individuales ya estructurados en formas medicalizadas. Esta normativa y otras iniciativas parecidas no ayudan en ningún caso a un planteamiento preventivo, ni a formas institucionales, grupales o colectivas, comunitarias, de trabajo.

Intimamente unida a esta opción preventiva y comunitaria, los psicólogos asistentes a las Jornadas hemos coincidido con la misma fuerza en reafirmar nuestra voluntad de guiar nuestra actuación profesional por el principio de no marginación de las personas, sea cual sea su problemática. Sabemos que éste es un principio cuya aplicación es difícil porque, a menudo, hay que optar entre distinguir formas de marginación. Pero es coherente con la opción de priorizar la transformación de las condiciones sociales que generan marginación, con la de impulsar la solidaridad interpersonal y trabajar con el objetivo de que la sociedad donde vivimos sea cada vez más capaz de asumir los problemas de las personas y a las personas con problemas.

Un trabajo de las características del que planteamos requiere una perspectiva amplia e integradora de los problemas que se presentan para poder captar sus interrelaciones, los mecanismos básicos que actúan en la sociedad y en las personas, que condicionan su emergencia.

Un trabajo de estas características no puede ser afrontado por un solo profesional. Todas las personas son unidades biológicas, psíquicas y sociales que viven en estrecha relación con otras instituciones; la escuela, la familia, el trabajo, la diversión, etc.; todos esos elementos deben ser considerados.

Cada uno de los profesionales que intervienen en estos trabajos tiene una perspectiva específica y corre el riesgo de crear compartimentos estancos, altamente especializados que, además, otorgan una seguridad adicional en el trabajo. Es difícil pero necesario protegerse de este riesgo en un marco de trabajo nuevo, necesariamente complejo, donde la inseguridad y la ansiedad se multipliquen.

Todos coincidimos en dar prioridad a formas de trabajo en equipo con otros profesionales para garantizar una mejor calidad de servicio. Estos equipos deben poder contar con psicólogos y asistentes sociales necesariamente, ya que hablamos de un trabajo psicosocial, pero deben poder acoger también a otros profesionales implicados en cada sector de trabajo: maestros, pedagogos, médicos y los que cada caso requiera.

Sin embargo, constatamos en la práctica las dificultades que conlleva mantener esta visión, Un repaso a las informaciones recogidas es suficientemente indicativo de cómo, en la práctica, predominan formas de trabajo personal, aisladas, o con el apoyo de un profesional u otro, pero en formas claramente insuficientes.

En nuestra opinión, la constitución de equipos médico-psicopedagógicos en determinada zona territorial puede muy bien ser el punto de partida para una primera atención a las necesidades de la población, para ayudar a una mejor expresión de las demandas y para diseñar nuevas y más maduras formas de solución a los distintos problemas que puedan surgir en la práctica profesional.