Papeles del Psicólogo, 1992. Vol. (54).

SANTIAGO SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS.

Asesor Ejecutivo del Gabinete de la Ministra de Asuntos Sociales

En las últimas décadas hemos asistido a un proceso de secularización, coincidiendo con el desarrollo del Estado de Bienestar, del interés y atención hacia los colectivos sociales más desfavorecidos.

Sabemos que la desigualdad y, por tanto, la emergencia de grupos de riesgo son efecto de la estructura social.

El Estado Social (democrático y de bienestar) aparece como una fórmula de organización de la sociedad, articulando mecanismos (leyes, normas, instituciones...) que intentan corregir la desigualdad, dando lugar a lo que conocemos como políticas sociales (encuentro de las necesidades individuales (encuentro de las necesidades individuales y sociales con el ámbito de la política), con el objetivo básico de alcanzar la integración de los colectivos marginados e impulsar la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Siempre las situaciones de necesidad en las personas surgen por el hecho de que su capacidad de acción y de decisión se encuentra limitada y disminuida por determinantes de orden psíquico y/o social y que, por regla general quien diagnostica define como situaciones de precariedad distorsionadas, anormales, etc. No podemos olvidar que la idea de normalidad viene definida por el sociocultural y que responde a presupuestos ideológicos determinados. La necesidad es siempre necesidad de cambio de una situación.

Entendemos lo social como una estructura que se ensambla por medio de las diferentes posiciones que en ella ocupan los individuos; desde esos lugares las personas realizan tareas y establecen relaciones, o lo que es lo mismo, se estructuran socialmente a través de esas redes de posiciones, tareas y relaciones. Esos lugares están, además, positivizados o negativizados según la escala de valores imperante en cada momento en nuestra sociedad.

Socialmente el lugar ocupado por el colectivo minusválido ha sido negativizado por una falta de competencia (ausencia de cualificación, de formación, falta de capacidad...). En una investigación, realizada por encargo del Inserso en 1988, sobre aspectos cualitativos de la minusvalía en nuestra sociedad (a) se apuntaba la siguiente conclusión

«La concepción de lo que es la minusvalía funciona como una actitud organizada que condiciona el acercamiento al minusválido. En dicho acercamiento, el conocimiento de las posibilidades reales del minusválido queda subsumido por la operación cognitiva: Minusválido = menos capacitado, de donde se concluye. No servirá para el desempeño de una actividad normalizadas (pág. 16).

Frente a esta percepción, más influida por estereotipos sociales, vemos que otro estudio (b) apunta que el 86 por 100 de las empresas que contratan a minusválidos declaraban encontrarse satisfechas o muy satisfechas con el trabajo que realizan, y que son precisamente estas empresas las que tienden a contratar más individuos reconocidos como minusválidos.

Sin embargo, es cierto que desde la cultura los valores que se han atribuido al minusválido encarnan una fatalidad a la que parece imposible escapar. En nuestro lenguaje coloquial, en la narrativa, en la pintura, en la cinematografía, encontramos multitud de ejemplos que ponen de manifiesto estos patrones culturales de la discapacidad.

En el terreno económico, aún habiéndose producido un importante incremento en la preocupación y ocupación de los poderes públicos hacia el colectivo, la realidad nos muestra que el espacio asignado al minusválido como sujeto productivo es aún escaso. Tampoco la sociedad de consumo les ha otorgado un lugar de valor, su capacidad de consumo es muy limitada. El «consumismo» del minusválido apenas si existe, y la «felicidad» que parece proporcionar a la mayor parte de nuestra sociedad es también inaccesible para ellos.

No podemos hablar de un problema del individuo que padece la minusvalía, se trata de una cuestión en la que se encuentra comprometida toda la sociedad.

Esta misma idea del compromiso social parece desprenderse de las definiciones que la OMS dio en el año 1980 de los términos deficiencia, discapacidad y minusvalía: (Cuadro 1).

Las tres definiciones, además de señalar una diferenciación conceptual, nos muestran algo más. En la secuencia lógica de deficiencia-discapacidad-minusvalía, las dos últimas son una consecuencia del encuentro de la persona deficiente con su medio entorno y la sociedad. Resulta difícil abstraerse a la reflexión de en qué medida una y otra son un producto de nuestra sociedad, en cuanto que la falta de un medio preparado para aceptar la diferencia es generadora de la discapacidad y la minusvalía. Algunos autores plantean que no existen personas discapacitadas, sino un medio que discapacita. ¿Cuánto de esta situación tiene que ver con lo que antes mencionaba sobre el valor que socialmente se otorga a estas personas?

En 1986 el Instituto Nacional de Estadística realizó una macroencuesta con una muestra que comprendía 75.000 viviendas de todo el territorio nacional (f), con el fin de conocer la incidencia de la discapacidad, la deficiencia y la minusvalía en la población.

Se estimó en 5.740.957 el número de personas discapacitadas, lo que suponía un 15 por 100 del total de la población existente en ese momento en nuestro país.

Con posterioridad, en el año 1988, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, organismo integrado en el Ministerio de Asuntos Sociales, solicitó al INE una prospección adicional sobre los resultados de aquella encuesta. El motivo fue completar aquella primera información con un nuevo estudio estadístico referido a la población con minusvalía (g).

El número de personas minusválidas alcanza a 2.312.124 personas, de las que 1.234.132 son menores de sesenta y cinco años.

La tasa de prevalencia para el conjunto de la población es de 59,79 minusválidos por cada 1.000 habitantes.

Dicha tasa experimenta un progresivo aumento a medida que ascendemos en la pirámide de población. Mientras que en los dos primeros años de vida la tasa es de 3,19, se eleva a 94,78 para las personas de edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y sesenta y cuatro años y hasta 229,15 para los mayores de sesenta y cinco y más años. Hay dos puntos de inflexión en los que el incremento de la tasa es más significativo: el primero está relacionado con la incorporación del niño a los procesos de socialización y aprendizaje, entre los cinco y los siete años; el segundo con la transición de la juventud a la madurez, de los veinticinco años en adelante, con la incorporación al mundo del trabajo.

En todos los grupos de edad hasta los sesenta y cuatro años la tasa de supervivencia es siempre más elevada para los varones que para las mujeres. Sólo a partir de los sesenta y cinco años los valores se invierten, estando más afectados las mujeres (249,45) que los varones (199,45).

Existe un perfil de deficiencia en función de la edad: (Cuadro 2).

En cada etapa se va produciendo un cambio de la repercusión de cada tipo de deficiencia en función de la incidencia del diagnóstico, que es el que en definitiva determina la designación de la patología.

Los procesos de selección social van teniendo lugar a través de las distintas etapas evolutivas. En cada período aparecen designadas con mayor incidencia patologías que están en directa relación con la actividad productiva de cada uno de los ciclos vitales. ¿Podría leerse en estos datos un efecto de las instituciones socio-sanitarias cumpliendo con las leyes de la selección social?

Casi el 60 por 100 de la población minusválida de todo el territorio nacional se encuentra repartida entre cuatro Comunidades Autónomas: Andalucía (22 por 100), Cataluña (17,42 por 100), Madrid (12,59 por 100) y Valencia (9,29 por 100).

Por otro lado, las tasas de prevalencia indican una mayor incidencia de la minusvalía en Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Cantabria, lo que se deberá tener en cuenta a la hora de articular medidas preventivas.

Un análisis por edades nos permite ver las situaciones de mayor riesgo en cada uno de los grupos de edad:

En estas edades, por cada dos varones existe una niña minusválida. Los grupos con mayor riesgo son:

- Niños y niñas que no estaban asistiendo a ningún centro de carácter educativo, y que no participan en procesos de socialización, aproximadamente seis de cada diez menores de seis años con deficiencias (62 por 100).

- Niños y niñas que conviven con otras personas que no son ni el padre ni la madre (5 por 100).

- Niños/as con deficiencias más severas con dificultades de socialización.

El objetivo general es la detección precoz, la atención temprana y el inicio de la integración escolar en escuelas infantiles, casas de niños, ludotecas..., en sus primeros años.

Se trata de propiciar la socialización, como parte esencial del proceso formativo y de construcción de la identidad del niño minusválido, en un entorno normalizado. El niño que no sufre deficiencias aprende también a convivir, respetar y desarrollar comportamientos solidarios con las personas discapacitadas.

Los grupos de mayor riesgo son:

- Los niños/as que tienen deficiencias psíquicas o mixtas (parálisis cerebral, microcefalia, etc...), ya que se ven más dificultados en su integración social.

- Niños y niñas comprendidos entre los seis y los catorce años que viven solos (0,6 por 100). Entre la población minusválida de quince a veinticuatro años, un 1,6 por 100 está internado (1.605 niños/as). Esta situación de desprendimiento y separación temprana de los padres comporta un riesgo adicional al que ya supone la deficiencia en sí.

- Niños y niñas que, por seguir procesos médicos prolongados o como consecuencia de su deterioro, quedan al margen de toda posibilidad de iniciar su socialización. Una cifra nada insignificante de minusválidos, 6.918 niños y niñas (9,8 por 100) (ver cuadro 3) con diferentes tipos de deficiencias, no realizaban ningún tipo de estudios.

El objetivo, en estas edades, es la integración educativa y social.

Para ello es necesario apoyar el proceso educativo, esencialmente de los niños minusválidos de grupos familiares más necesitados por falta de recursos económicos Y/o niveles socioculturales; potenciar la participación social en actividades de ocio y cultura, de tiempo libre; desarrollar alternativas educativas y de rehabilitación (nuevas tecnologías) para los que no puedan seguir un proceso de escolarización en instituciones.

La coordinación entre los profesionales de la educación y los de los servicios sociales adquiere especial relevancia en estas edades en las que los factores económico-sociales y culturales son determinantes en el proceso formativo.

Entre los jóvenes minusválidos menores de veinticinco años, de cada diez, seis son varones y cuatro mujeres. En términos generales, en el colectivo de jóvenes con minusvalía, se observa que mientras realizan algún tipo de actividad remunerada en un porcentaje del 16,2 por 100 (edad de quince a veinticinco años), sus coetáneos de la población general, entre dieciséis y veinticuatro años, lo hacen en un 40,7 por 100.

El nivel educativo establece diferencias. El 98 por 100 de los jóvenes de la población general tenían cursados algún tipo de estudios, mientras que el 41,4 por 100 de los minusválidos entre quince y veinticuatro años habían realizado estudios. (Cuadro 3).

Si tenemos en cuenta que el nivel de instrucción o formación determina, en gran medida, las posibilidades de acceso a otras oportunidades que la sociedad brinda -trabajo, formación especializada, participación en actividades sociales, etc...- para el joven minusválido dichas oportunidades se ven restringidas.

Para algunos ese período de espera hasta la edad adulta no se ve exento de riesgos: una de cada tres muertes por accidente corresponde a personas menores de veinticinco años, casi el 50 por 100 de los accidentes de tráfico son ocasionados por conductores menores de treinta años y un 15 por 100 de las incapacidades se atribuye a las secuelas de los accidentes, de los cuales el 50 por 100 parecen deberse a accidentes de tráfico. Este tramo de edades es donde se produce un mayor número de minusvalías como consecuencia de la accidentabilidad (vial, deportiva, laboral).

El 45 por 100 de los minusválidos son adultos. Sus tasas de prevalencia varían en función de la edad. Para los varones en edad entre los veinticinco y los cuarenta y cuatro años se establece en 25,57 y para las mujeres en 21,47. Para los varones entre los cuarenta y cinco y sesenta y cuatro años en 105,76 y 84,42 para las mujeres.

El grueso del colectivo (47,18 por 100) se encuentra en una situación laboral de incapacidad permanente, jubilación o retiro. La mujer articula su invalidez en torno al grupo familiar, el ya tradicional epígrafe de «sus labores» encasilla en las tareas domésticas, de cuidado y atención a la familia, a más de un 50 por 100 de mujeres discapacitadas.

Del total de personas minusválidas comprendidas entre dieciséis y sesenta y cuatro años (1.138537), 145.792 están trabajando, lo que representa una tasa de ocupación para el colectivo del 12,8 por 100. Las personas que padecen deficiencias físicas y sensoriales son las que cuentan con un mayor número de personas activas. Las deficiencias más desfavorecidas con respecto al empleo son las psíquicas y las mixtas.(Cuadro 4).

La forma más usual en que el minusválido realiza su trabajo es en empresas privadas o públicas, por cuenta ajena y en empleos no protegidos. La modalidad de empleo en Centros Especiales alcanza a dos de cada diez de los minusválidos que trabajan, esencialmente psíquicos (1/2 de los que trabajan) y con edades entre quince y veinticuatro años (4/10 minusválidos en estas edades).

El índice de dificultad para acceder en la actualidad al empleo es diferente según el tipo de deficiencia que se padece (proporción de personas ocupadas con respecto a las personas paradas): (Cuadro 5).

Como se puede apreciar en los datos recogidos en el cuadro 6, las características más significativas de los minusválidos demandantes de empleo son la ausencia de una formación, una baja cualificación profesional, a lo que se unen las escasas posibilidades que tienen de adquirir una experiencia profesional (Cuadro 6).

Las personas minusválidas de estas edades que padecen una deficiencia discapacitadora desde edades tempranas han vivido de forma más directa la ausencia de políticas sociales destinadas a ellos. Son personas en las que el estereotipo más tradicional de la minusvalía y los valores sociales asociados a ella están más arraigados. Por ello las medidas que faciliten su integración laboral y la reducción de la accidentabilidad son determinantes. Implican:

En lo que se refiere a movilidad, ocio y tiempo libre destacan los siguientes aspectos:

Más de la mitad del colectivo (59,4 por 100) cuentan con la posibilidad de salir solos, mientras que una tercera parte (37,4 por 100) necesitan ser acompañados, siendo más usual esta situación en edades comprendidas entre los cero y los catorce años. Un 2,6 por 100 nunca salen del domicilio o están internados.

Manifiesta tener dificultades para deambular por las calles de la localidad donde residen un 72,4 por 100, señalando como principales dificultades los bordillos y escalones. Un 20,8 manifiesta haber notado, de forma significativa, que se han realizado adaptaciones de las calles de su localidad, esencialmente las personas que habitan en el medio urbano.

La edad es la variable que más influye en la necesidad de utilizar o no el transporte. Las personas comprendidas entre los quince y veinticuatro años son las que más necesitan utilizar el transporte (45,5 por 100 lo necesita cotidianamente), los varones (26,3 por 100) frente a las mujeres (19,7 por 100), las personas que residen en las zonas urbanas (32,2 por 100) frente a las que viven en el medio rural (18,8 por 100). Ver Cuadro 6.

Desde hace ya tiempo, como he dicho al principio, distintas instancias, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, se vienen ocupando del tema. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1982, aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Minusvalía. El Consejo de Europa adoptó en 1984 un Acuerdo Parcial en el ámbito social y de la salud pública sobre ,«una política coherente para la rehabilitación de las personas minusválidas». En diferentes foros nacionales e internacionales se están abordando cuestiones sobre el transporte adaptado, la rehabilitación, la incorporación al mundo laboral, etc... En nuestro país, recientemente, tuvo lugar en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso una ponencia sobre minusválidos pon motivo del cumplimiento de los diez años de vigencia de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Ley 13/1982, de 7 de abril).

Sin embargo, la gestión que desde las políticas sociales se hace de la necesidad, se ve obstaculizada a menudo por cuestiones como la legalidad (reconocimiento legitimo de una necesidad), el grado de representatividad de los colectivos afectados, o la inercia administrativa, aunque no se puede decir que éste sea el único nivel de dificultad a la hora de buscar soluciones a este problema. Los resultados de una investigación realizada por la Facultad de psicología de la Universidad de Salamanca (e) llevaban a la conclusión de que sectores profesionales que por su actividad tienen una relación directa con personas discapacitadas, presentaban actitudes, creencias y sentimientos negativos hacia estas personas y muestran reparo ante el hecho de relacionarse con ellos.

No se trata solamente de cómo cambiar a la persona con deficiencia, sino también de cómo transformar la sociedad para que integre la diferencia sin que ello suponga desigualdad.

El marco de referencia que se considere a la hora de realizar una intervención que facilite esta transformación será la comunidad, como espacio social en el que el sujeto se vea legitimado y en el que pueda tener una identidad.

La atención comunitaria debe permitirnos pasar de la fascinación por la dinámica de un sujeto aislado a una conceptualización más amplia donde quepa la intervención sobre el entorno en el que tiene que desarrollar su vida la persona discapacitada.

Esto supone aceptar los factores ecológicos y sociales que se asocian, influyen, participan o generan la discapacidad y, en consecuencia, asumir un modelo de salud integral y positiva donde es prioritaria, sin que ello represente abandonar la atención, los cuidados o la rehabilitación de la persona con deficiencia (el Programa de Acción Mundial para las Personas con Minusvalía incluye en la rehabilitación los servicios de detección temprana y diagnóstico, tratamiento, asesoramiento y atención social, psicológica y de otros tipos, capacitación en actividades de autocuidado, ayudas técnicas, educativas y de rehabilitación profesional y su seguimiento, h) ni la prevención y la promoción de hábitos saludables.

En el concepto de comunidad confluyen características fundamentales. Primero está definida por un espacio geográfico en el que transcurre la vida de seres humanos. Segundo, hace referencia a aspectos funcionales que le dan un cierto grado de cohesión, de interrelación, de unidad. En ella adquiere sentido la participación como resultado de la relación entre las necesidades sociales y las instituciones y organizaciones de la comunidad y, por tanto, aparecen reflejados los diferentes ámbitos de la conducta humana (Bleger, i), el individual, el grupal y el de las instituciones, que deberán tenerse en cuenta a la hora de desarrollar una intervención.

Este marco general trasciende la mera atención individual centrada exclusivamente en el sujeto deficiente, asiento individual de patología, para proyectarse en la población en general, en la comunidad, con el propósito de producir cambios positivos en sus instituciones: colegios, atención social, centros laborales, asociaciones ciudadanas y en la comunidad misma, con el fin de modificar los factores que predisponen a la discapacidad, por una parte y, de otra, posibilitar más bienestar y gozo así como la información necesaria para ello.

Esta orientación representa algo más que un cambio de técnicas, implica nuevas actitudes en el quehacer cotidiano de los técnicos de lo social y, por supuesto, una planificación y ordenación de los sistemas de atención.

El acceso del psicólogo social a una comunidad tiene que tener como objetivo el conocimiento de cómo se presenta y qué función cumple la discapacidad y, en última instancia, saber sobre las necesidades del colectivo de personas discapacitadas. Ello supone una doble tarea a realizar. Una de clasificación y distribución social, establecer sus características demográficas y sus niveles de estudio, su situación económica y profesional, etc... Siempre en la base de la estructura social encontraremos la necesidad. La otra será la del análisis del discurso social del colectivo, en donde, aparecerá formulada la necesidad, en la mayoría de los casos por la vía de la insatisfacción y el malestar.

Lo que debe impulsar la actuación del psicólogo social es esclarecer los problemas y los objetivos a perseguir por la comunidad en el terreno de la discapacidad y, sobre todo, ayudar a que sus integrantes tomen conciencia de sus actitudes y posibilidades como seres humanos.

La intervención psicosocial deberá ir encaminada no solamente hacia una normalización, sino también hacia una optimización, al desarrollo de la persona, de sus capacidades y de las oportunidades a su alcance.

(e) Miguel Angel Verdugo Alonso. Desarrollo de instrumentos de Evaluación de las actitudes hacía las personas con minusvalías. Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología, 1991.

(f) Instituto Nacional de Estadística Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías. Madrid, 1987.

(g) Las personas con minusvalía en España. Aspectos cuantitativos. Ministerio de Asuntos Sociales, Inserso, 1989.

(h) Programa de acción mundial para las personas con discapacidad. Ministerio de Asuntos Sociales, Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía.

(i) J. Belger: Psicología de la Conducta. Ed. Paidós, 1977.

Material adicional / Suplementary material

Cuadro 6.Demandantes de empleo minusválidos (mayo de 1992).