Papeles del Psicólogo, 1989. Vol. (38).

MERCEDES BELINCHÓN.

Coordinadora de los «Cursos de Especialización en Perturbaciones de la Audición y del Lenguaje» (Logopedia de la Universidad Autónoma de Madrid).

Desde que el Consejo de Universidades iniciara el proceso de reforma de las enseñanzas universitarias, la posibilidad de crear títulos específicamente orientados a la formación especializada en el área de las perturbaciones o trastornos de la audición y del lenguaje se ha revelado como una hipótesis de trabajo fecunda que, hasta el momento, ha generado ya dos preguntas. La primera, elaborada por el grupo de expertos número XI y remitida para su debate público en 1987, especifica las directrices generales de un «Título de Diplomado en Terapia del Lenguaje y la Audición», cuya finalidad sería la realización satisfactoria de actividades de rehabilitación de los trastornos de la audición, voz, habla y lenguaje (oral y escrito). La segunda, remitida hace apenas dos semanas por la Ponencia de Reforma de las Enseñanzas Universitarias del Consejo de Universidades, tras matizar el informe del grupo de expertos número XV, define las directrices de un «Título de Diplomado en Educación Infantil y Primaria, Opción: Audición y Lenguaje», cuyas enseñanzas aparecen integradas en la nueva oferta de especialidades de los estudios de magisterio.

La existencia de estas dos propuestas, y su correspondiente debate público, sitúan explícitamente el problema de la formación de los especialistas en Logopedia en un ámbito -el de las Universidades públicas- que en nuestro caso sólo había participado de manera esporádica y colateral en dicha formación. Con ello, ciertamente, se avanza en la reducción de una de las diferencias más notables existentes entre la oferta de titulaciones de la Universidad española y las de sus homólogas europeas. A la vez, y en tanto explícitamente se reconoce la necesidad de fundamentar el ejercicio profesional relacionado con las perturbaciones de la audición y del lenguaje en un corpus sólido de conocimientos científicos que recoja las nuevas orientaciones neurológicas, psicológicas y educativas, se avanza en una definición pluridisciplinar y actualizada de la Logopedia que modifica sustancialmente su dependencia original de la enseñanza especial y la Otorrinolaringología y amplía sus posibilidades de desarrollo tanto en el plano científico como en el profesional.

La propuesta de creación de estos nuevos títulos supone, sin duda, un reconocimiento claro de la fuerte demanda que diferentes sectores de la sociedad vienen haciendo en los últimos años de profesionales especializados en el diagnóstico y recuperación de perturbaciones de la voz, la audición, el habla y el lenguaje, y en ese sentido merece una acogida positiva. Tanto más si se considera que la demanda social de logopedas (materializada anualmente en las distintas convocatorias con las que distintas instituciones públicas cubren plazas en centros educativos y servicios hospitalarios) se había ido incrementando de forma sustancial tras la puesta en funcionamiento del «Plan de integración social y escolar de las personas con deficiencias psíquicas o físicas» (que implica la incorporación al ámbito escolar de profesionales especializados en la atención de las perturbaciones de la comunicación) y había ido poniendo de manifiesto, de forma cada vez más llamativa, la insuficiente institucionalización de los programas de formación en Logopedia de nuestro país y la urgente necesidad de una ordenación definitiva de dichas enseñanzas en el ámbito universitario.

Las propuestas remitidas por la Ponencia de Reforma del Consejo de Universidades contienen, sin embargo, algunos elementos que contradicen (o, cuando menos, difuminan) algunos de los objetivos que inicialmente parecían constituir su principal justificación y, por tanto, merecen siquiera una llamada de atención. Por un lado, porque la creación de estas dos diplomaturas, caso de ser aprobada, podría dejar sin resolver algunos de los problemas más graves con que ha tropezado históricamente tanto la formación como el ejercicio profesional de los logopedas españoles (problemas para cuya solución todos esperamos de la reforma un marco general); por otro, porque, tal y como han sido diseñadas, la aprobación de estas nuevas titulaciones podrían implicar un cierto retroceso respecto a algunos aspectos del proceso de ordenación académica de los estudios de Logopedia que, por iniciativa del propio Ministerio de Educación y Ciencia, ha sido iniciado de hecho por las Universidades españolas hace ya casi cinco años.

En efecto, ante la perspectiva de aumento de la demanda de especialistas en el área de las perturbaciones de la audición y el lenguaje que se preveía en el ámbito escolar (como resultado de la inminente puesta en marcha del plan de integración), y ante la previsible demora de la creación de los nuevos títulos universitarios, el Ministerio de Educación y Ciencia (y, con posterioridad, los departamentos responsables de la política educativa de las Comunidades Autónomas), se planteó la necesidad de afrontar con rigor y sin improvisaciones el reto de la reforma de las enseñanzas de Logopedia, y para ello, y desde 1985, ha venido encargando a algunas Universidades españolas (casi una veintena en la actualidad) la organización de «Cursos experimentas de especialización en perturbaciones de la audición y el lenguaje (Logopedia)», que se imparten con un nivel de postgrado. Tales cursos, concebidos como punto de partida para la ordenación académica de estas nuevas enseñanzas, han permitido en los últimos cuatro años la formación de unas primeras promociones de Logopedas especializados en la intervención en el ámbito educativo, pero también, y quizá sobre todo, la creación en las Universidades de una infraestructura docente y administrativa cada vez más sólida que permitiría afrontar sin grandes problemas la implantación de las futuras nuevas titulaciones (en el caso de las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, por ejemplo, tras la finalización del Convenio de Cooperación con el MEC, los programas de especialización en Logopedia han sido ya incorporados con carácter estable a la oferta de enseñanzas de las Universidades a través de la creación de títulos de postgrado propios.

Con este marco de innovación académica como telón de fondo, y a lo largo del curso 1987-88, tuvo lugar el debate de la primera de las propuestas remitidas por la Ponencia de la Reforma del Consejo de Universidades: la propuesta de creación de la «Diplomatura en Terapia de la Audición y del Lenguaje». En este debate fueron perfilándose algunos de los problemas y demandas más urgentes de la vertebración universitaria de esta especialidad. Entre ellos:

1. La orientación interdisciplinar y profesionalizadora del perfil curricular de las nuevas enseñanzas, que requiere de estructuras organizativas interdepartamentales y/o interfacultativas, y del establecimiento de convenios de cooperación con instituciones educativas y clínicas tanto públicas como privadas.

2. La diferenciación y complementariedad de los perfiles curriculares y profesionales de la futura diplomatura frente a la figura de titulado universitario (psicólogo, médico, pedagogo, profesor) «especialista en perturbaciones de la audición y el lenguaje» actualmente ofertado por las Universidades.

3. La viabilidad de homologación del nuevo título con el resto de las titulaciones europeas (algunas con rango de licenciatura).

4. La necesidad de garantizar las funciones de formación y titulación para la docencia en Logopedia, y las funciones de investigación.

5. La necesidad de articular un sistema flexible de contratación de profesorado que permita incorporar a profesionales de reconocido prestigio a la docencia de materias para las que la Universidad carece de profesorado especializado, etc.

A falta todavía de conocer la ponencia de síntesis que habrá de servir de punto de partida a la discusión del plan de estudios de esta Diplomatura en Terapia de la Audición y el Lenguaje, las Universidades, en línea con el compromiso adquirido en su momento con el MEC, han ido diseñando, en estos dos últimos años, soluciones para estos problemas y han comenzado a introducir cambios sustanciales en sus actuales programas de postgrado. Ello ha permitido el que, como quedó de manifiesto en la última reunión de directores de Cursos de Logopedia (celebrada el pasado mes de marzo en Barcelona), hoy por hoy, la mayoría de las Universidades españolas que imparten estos cursos de especialización estén en unas condiciones idóneas para asumir las necesidades de formación que, tanto en el nivel de diplomatura como en el de postgrado, la sociedad actualmente demanda de este tipo de especialistas tanto en el contexto clínico como en el educativo (sectores público y privado).

Desde esta perspectiva de ordenación académica ya avanzada, de la recientísima propuesta de creación de una segunda diplomatura en el área de la audición y el lenguaje (concebida como especialidad de magisterio, y con un perfil que deja prácticamente sin definir la función docente/educativa/rehabilitadora de estos diplomados en el ámbito escolar), no cabe, pues, sino decir que introduce un considerable factor. de distorsión. Y ello, tanto por su increíble falta de oportunidad (su debate comienza con casi dos años de retraso, poco antes de que se haga pública la ponencia de síntesis que habrá de servir para la elaboración de los planes de estudio), como por algunos de los aspectos de su propio perfil.

Por un lado, resulta claro que al proponerse como una titulación también de primer ciclo, la nueva propuesta sesga la función de la institución universitaria hacia la formación del nivel profesional menos autónomo de esta especialidad en una duplicación de perfiles y ofertas respecto a la figura del diplomado en terapia de la audición y el lenguaje cuya justificación científica, académica y profesional parece escapar a la lógica de la propia historia tanto profesional como académica de la especialidad.

Por otro, obliga a las Universidades a continuar concentrando la formación de las funciones profesionales y científicas más cualificadas (vg., la supervisión de programas de evaluación e intervención de los propios logopedas en los centros, la investigación o la formación de docentes especialistas en Logopedia) precisamente en programas o cursos de formación sobre los que la Ponencia de la Reforma parece declinar toda posibilidad de regulación oficial (los títulos propios que cada Universidad acuerde crear, con el nivel y contenidos que autónomamente estipule, al amparo del artículo 28.3 de la LRU). A la vez, las obliga a elegir hacia cuál de las dos diplomaturas deriva parte de su actual infraestructura docente (¿o es que vamos a ser tan ingenuos como para creer que la Universidad española está en condiciones de impartir ¡simultáneamente! tres programas de formación en Logopedia?).

Finalmente, la «Diplomatura en educación infantil y primaria: Opción audición y lenguaje» contiene un conjunto de materias troncales comunes con el resto de las especialidades de la diplomatura y un conjunto de materias troncales específicas relativas a la descripción de las distintas perturbaciones de la audición, el lenguaje y la comunicación, a su fundamentación teórica y a las distintas técnicas de recuperación que pueden utilizarse en el ámbito escolar. Siendo que entre estas materias específicas no cabe identificar ninguna que no lo sea también de la diplomatura en terapia de la audición y el lenguaje (ni de los actuales programas de especialización de postgrado), ¿no es patente el solapamiento de las dos propuestas enviadas por la Ponencia de la reforma? ¿No cabría pensar que la especialidad de Magisterio, más que una propuesta de ordenación de la enseñanza universitaria de la Logopedia, no es sino una propuesta de resolución de problemas estrictamente organizativos de la nueva escuela privada (incorporación a la escuela de especialistas en Logopedia que no sean sino profesores)?

La necesidad de fundamentar científicamente las propuestas de nuevas titulaciones universitarias y, a la vez, la exigencia de tratar de atender mejor a su través las nuevas necesidades que los distintos sectores de nuestra sociedad demandan (especialmente tras nuestra integración en el mercado europeo, donde la formación y actividad en la terapia de los problemas de la audición y el lenguaje cuentan con una larga tradición), aparecen seriamente comprometidas, por las razones expuestas, en la propuesta de las dos diplomaturas remitidas por la Ponencia de Reforma del Consejo de Universidades.

La propuesta de formar en las Escuelas de Magisterio profesores especialistas en audición y el lenguaje resuelve a varias bandas un problema (el de la atención dentro de la propia escuela a chavales con dificultades en la voz, el habla y el uso del lenguaje oral y/o escrito) que, de hecho, es uno de los que más claramente dotan de contenido a la actual profesión logopédica. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que la solución de ese problema, por esa vía, puede vaciar de facto de contenido el perfil curricular y profesional de los terapeutas de la audición y del lenguaje, de los actuales y de los futuros logopedas (diplomados sin autonomía profesional real a los que les estaría vedado tanto el acceso a puestos de trabajo en el sector educativo como el acceso directo a programas de formación universitaria en dicha especialidad en los niveles de postgrado). En caso de ser aprobada en su formato actual, creemos podría obligar a las Universidades a sustituir sine die una reforma rigurosa y profunda de la enseñanza de la Logopedia en nuestro país por un proyecto que nace ya bajo el signo de la incongruencia interna y de la sospecha de sectarismo.

Afortunadamente, el debate no está concluido y nuevas alternativas pueden contribuir a evitar algunos de los problemas que ya comienzan a entreverse. Confiemos en que al final del proceso la opinión de todos los sectores implicados haga posible que este país disponga de titulaciones universitarias en perturbaciones de la audición y el lenguaje que, además de mejorar la actual oferta de los cursos de postgrado y dar adecuada cobertura a las actuales necesidades sociales, permitan, cuando menos, la integración real de la oferta española en el marco de las titulaciones y la oferta profesional europeas.