Papeles del Psicólogo, 1982. Vol. (3).

Antonio Velasco Mosquete

Profesor de Educación Especial de deficientes visuales. Técnico del INSERSO.

En términos muy operativos, vamos a analizar el Sector Público de atención a minusválidos, entendiendo por este el entramado orgánico y administrativo, los medios financieros y los centros de servicios que componen el conjunto de la respuesta del Estado para resolver las necesidades específicas de los minusválidos en España.

En primer lugar, veamos los rasgos que caracterizan a este sector, desde el momento de su constitución más o menos formal (hecho que se produce a principios de los años 70). Intentamos localizar, por así decirlo, los datos congénitos del sector, como un instrumento para analizar con más exactitud las líneas y los problemas de su ulterior desarrollo.

La sociedad española, fuertemente influenciada por una institución eclesiástica, prepotente en unos medios económicos e influencia social y política, ha marcado con tintes benéficos y parareligiosos su comportamiento y su actitud respecto de los problemas sociales como el de los minusválidos. Ese es el sustrato específico del sector público de atención a los minusválidos: el sustrato pararreligioso o benéfico.

Reflejo de esa misma línea, e incrustado en la estructura oficial del Estado, encontramos las organizaciones y unidades administrativas dependientes del entonces Ministerio de la Gobernación y enclavados en los Gobiernos Civiles, dentro de la estructura periférica.

A principios de los años 70, como secrección de una administración entonces en expansión y una economía en la cresta de crecimiento, se crean una serie de organismos, como el SEREM; posteriormente el Instituto de Educación Especial en el 75, que pretende dar una respuesta más moderna al problema de los Minusválidos, cada vez más presente en la sociedad española, respuesta que por otra parte venía exigida por la pretensión de acercamiento de España a los países de nuestro área cultural y económica.

Lo que de ninguna manera existía entonces, y que probable ente no existe ahora es una filosofía asistencial moderna e integral y una voluntad de asumir el tema de forma coordinada y global. Por ello estas instituciones a las que me refiero, habrían de convivir con el sector público paternalista ya mencionado, y con el sector privado disperso y heterogéneo, pero muy amplio, cuya filosofía asistencial seguiría siendo básicamente anacrónica, hablando en términos generales.

En resumen, como notas congénitas, que lastraron todo el ulterior desarrollo del sector público de atención a minusválidos, hay que señalar la ausencia de una política de bienestar social coherente por parte del Estado; la dependencia del sector de unos móviles económicos y políticos superficiales; la convivencia, - por no decir connivencia -, en plena descoordinación , de instituciones con objetivos escasamente compatibles; y la desconexión en fines entre sector público y sector privado. Estos serían los rasgos, qué a mi modo de ver se producen en la atención a minusválidos y que se mantienen a lo largo de toda la década de los 70.

En estas condiciones llegamos al momento de la transición política. Tras la muerte de Franco se produjo en España un auge de movimientos ciudadanos y asociativos en general, que afectó, como no, al movimiento de minusválidos.

En esos primeros momentos de relativo optimismo y esperanza en que al menos determinadas fuerzas políticas no habían roto, todavía, su cordón umbilical con la sociedad y con los movimientos de base, se produjo un cierto acercamiento entre fuerzas políticas y el movimiento asociativo de minusválidos. Consecuencia del cual, es la firma de una plataforma reivindicativa para minusválidos psíquicos, físicos y sensoriales aceptada por los partidos más importantes, y lo que es más sorprendente, tanto de la izquierda como de la derecha.

Estos hechos, un tanto exóticos, anuncian ya las características de una relación francamente conflictiva, marcada por el electoralismo por una parte, por el desconocimiento de la problemática real de los distintos grupos de minusválidos por parte de las fuerzas políticas, tanto como por la marginalidad del tema, como por la escasa participación de los minusválidos en los movimientos políticos.

Y como consecuencia de todo ello, una relación marcada por el recelo y las barreras subjetivas que dificultan la relación imprescindible entre los partidos progresistas, o con voluntad transformadora, y el movimiento de minusválidos, en este caso.

Para los partidos constituye, en mi opinión, una barrera subjetiva, la desconfianza que en ellos despiertan los movimientos de minusválidos, por su tendencia a las visiones particularistas y corporativas de los problemas sociales, derivada probablemente de la propia marginación del movimiento y de los afectados. Esto, digamos, en la lectura que harían los partidos, no en mis palabras.

Y desde el punto de vista del movimiento de minusválidos, el recelo ante un comportamiento poco estable, próximo en algunas ocasiones a lo demagógico.

El caso es que, a pesar de todo, la ley, la Ley de Integración Social de Minusválidos, apareció como compromiso de las fuerzas políticas, en aquel momento, de cara al sector de los minusválidos.

Con posterioridad, se ha debatido en todos los temas la viabilidad jurídica de la tal ley, en el contexto del título 8º de la Constitución, la prominencia que debería tener una Ley de Servicios Sociales, sin que sobre esta cuestión se haya llegado a una clarificación mayor.

Se asumió el compromiso de las fuerzas políticas, y llegamos al año 78 en que se crea la famosa comisión especial de minusválidos en el Congreso y se inicia una andadura parlamentaria verdaderamente laberíntico, que en sí mismo resulta un evidente síntoma de la inexistencia de planteamientos coherentes por parte de grupos políticos y del desinterés que estos temas despiertan en las altas esferas administrativas.

Por el proceso seguido, se trata de una ley perfectamente marginal, que en ese sentido no desentona del colectivo de afectados al que se trata de dirigir.

¿Qué pasa durante el tiempo de tramitación de la Ley en el sector real de atención a minusválidos? Durante estos cuatro años se ha producido un recorte presupuestario importante que afecta al sector, y aún más, que ello no es producto coyuntural de una determinada acción de Gobierno, sino más bien el resultado lógico de las características iniciales del sector, sector dependiente como pocos, de la situación económica, de los primeros en los que repercute cualquier situación de crisis o escasez.

Esta situación presupuestaria no ha impedido que en las instituciones y organismos que componen este área haya tenido lugar una ya descarada lucha por la supervivencia y hegemonía institucionales dentro del sector. Y como algo ya verdaderamente endémico se hayan producido y prodigado las convulsiones administrativas sin explicación racional.

La suma de estas circunstancias ha determinado indudablemente, una disminución de la eficacia real de los servicios a los minusválidos. Si ahí añadimos una creciente languidez de los movimientos de minusválidos, a partir del año 78, habremos completado un cuadro nada esperanzador de la comedia real que se ha desarrollado sobre el telón de fondo, de la tramitación de ley.

¿Qué decir respecto de la Ley como producto normativo determinado? En primer lugar, su filosofía asistencial parece básicamente aceptable. Eso no es decir mucho, porque las filosofías en los textos legales pueden tener poca trascendencia; lo malo es que no se ven los mecanismos que podrían hacerla transformadora de hecho. Tampoco parece constituir un instrumento capaz de influir en los problemas básicos y congénitos del sector público de atención a minusválidos, que ya hemos repetido.

Dos aspectos parecen tener un relativo contenido de inmediata aplicación: el sistema de prestaciones y el establecimiento de secciones pedagógicas en los hospitales psíquicos.

Respecto al primero, el sistema de prestaciones, se puede decir, que desechada por la U.C.D. la posibilidad de establecer un régimen específico de S.S. para los minusválidos no comprendido en el régimen general, este sistema de prestaciones viene a ser un sucedáneo, un régimen con gaseosa, parodiando un poco la movida frase de la época de las asociaciones políticas; y en términos más serios, equivaldría poco más o menos, a un régimen unificado de ayudas públicas a minusválidos, tal y como apareció regulada por decreto en Febrero pasado, o quizás poco más.

Por lo que se refiere a las perspectivas de aplicación de la ley, hay que empezar diciendo, que el texto va por un lado y la realidad del sector y los problemas del minusválido van, en mi opinión, por otro. Esta realidad en lo administrativo está pendiente de dos grandes e importantes procesos, que pueden influirla radicalmente: el proceso de construcción del estado de las autonomías y el endémico y permanente proceso de reforma (o amenaza de reforma) de la Seguridad Social.

¿Qué hacer en estas condiciones? Me permitiré apuntar cinco aspectos de un programa personal:

1º Favorecer el fortalecimiento de un movimiento de minusválidos autónomo, coexionado y fuerte, numérica e ideológicamente.

2º Promover un movimiento de profesionales del sector, movimiento crítico, capaz de favorecer la racionalización de éste área de la administración pública.

3º Favorecer la relación minusválidos - fuerzas políticas, especialmente aquellas fuerzas políticas que tienen un carácter transformador o progresista.

4º Mejorar los niveles de atención profesional a los minusválidos y sus familiares, en cuanto profesionales responsables, sin caer en la asepsia, ni en sustituciones que puedan aumentar el ya confusionismo reinante.

5º Podríamos, finalmente, como hoy, hablar sobre el tema, por si desde las discusiones surgen ideas más brillantes y más efectivas.