Papeles del Psicólogo, 1987. Vol. (31).

MIGUEL COSTA

DENTRO de diez, quince o quizás veinte años estaremos hablando de los drogadictos, pobres, marginados -por referirme tan sólo a algunos colectivos de atención preferente de los servicios sociales-, y estaremos hablando en términos muy parecidos a los que estamos utilizando hoy. Durante este tiempo continuaremos propiciando con gran probabilidad eventos de este tipo para seguir comentando la problemática de determinados colectivos sociales, la existencia de algún programa más o menos innovador ...; y continuaremos haciéndolo porque, sin duda, al cabo de este tiempo, el problema de los drogadictos, pobres y marginados continuarán sin ser resueltos de modo satisfactorio.

En estas primeras palabras mías introductorias existe un poso de escepticismo pero también de rabia contra un sistema que está propiciando, cínicamente, por una parte, ampulosos programas de intervención social para aliviar y resolver la situación de determinados colectivos sociales, y por otra está generando condiciones de vida que arrojan a la marginación y a la miseria a muchos cientos de miles de ciudadanos.

En efecto, estos problemas seguirán sin ser resueltos a no ser que se den cambios profundos, radicales en la concepción de la naturaleza de los problemas, en los criterios de oportunidad y adecuación que se utilizan para decidir implantar un programa u otro, en las políticas que inspiran los programas sociales, y cambios en los estilos de intervención y de distribución de servicios. De todo esto tratará de hablar a lo largo de esta ponencia. El objeto de mi exposición no es otro que el de compartir algunas reflexiones acerca de la intervención social a la luz del Modelo de Competencia, un modelo que comienza a gozar de gran popularidad entre las profesiones de ayuda (asistentes sociales, médicos, psicólogos, enfermeras, etc.). Este modelo inspira precisamente cambios radicales en cuanto a la concepción de los problemas y los estilos de intervención de las acciones que se programen para hacer frente a los mismos.

Así pues, y anticipando ordenadamente las unidades temáticas de mi intervención, me referirá en primer lugar a una breve caracterización del Modelo de Competencia. En segundo lugar comentaré el marco político que inspiran los programas de intervención social, un marco que desnaturaliza el criterio de pertinencia y promueve un estilo de intervención centrado en la víctima. Y por último, apuntaré, a modo de conclusiones, algunas propuestas alternativas que, a mi juicio, deberían orientar la planificación e implantación de los programas sociales.

Cuando hablamos de Programas de Intervención Social estamos refiriéndonos, más o menos explícita o implícitamente, a proyectos, planes de acción tendentes a aliviar, reducir o prevenir la existencia de situaciones sociales indeseables (pobreza, abuso de drogas, marginación ... ). El Modelo de Competencia postula que para lograr estos objetivos la gente no necesita tutela, lo que necesita son recursos. Se pretende no tanto resolver problemas a la gente sino lograr que los ciudadanos sean competentes para resolver- los por ellos mismos a condición, naturalmente, de nutrirles de los recursos adecuados para ello.

El modelo implica una nueva concepción de cómo distribuir servicios, de cuáles deben ser los roles de las profesiones de ayuda y, sobre todo, implica también una nueva ética de cómo ayudar a la gente.

En la concepción tradicional de distribución de servicios, el proveedor jamás transfiere información definidora de su rol, habilidad o competencia. Antes bien, la atesora y guarda para sí celosamente, perpetuando en el usuario la necesidad de ayuda y del servicio. El modelo de competencia, por el contrario, pretende desarrollar la competencia y autonomía del ciudadano y de sus organizaciones para hacer frente a sus problemas. Parafraseando a Skinner "no podemos estar ayudando a los demás si hacemos cosas por ellos". Es decir, hemos dado una ayuda eficaz a los otros cuando aseguramos la posibilidad de que estos puedan interrumpirla totalmente. El modelo de competencia establece que este sea uno de los criterios que puedan definir la pertinencia de un programa. Un programa es tanto más pertinente en la medida que garantice la no perdurabilidad del mismo. Es tanto más pertinente cuanto menos se hace necesario asimismo con el paso del tiempo.

En la figura 1 puede verse un esquema adaptado de la ecuación de prevención primaria de Albee. Según este esquema la incidencia de problemas es una razón variable que depende por una parte de las causas orgánicas, de los acontecimientos vitales estresantes de la vida y de las necesidades en general. Por otra parte, depende también de los recursos disponibles para hacer frente a estos acontecimientos y necesidades. En la figura 2 están representados algunos de los eventos vitales estresantes a los que el individuo ha de hacer frente a lo largo de su vida. Esta, la vida, está representada por una ruta azarosa llena de problemas y dificultades (estresores horizontales y verticales) con poder suficiente para hacer sucumbir al individuo a no ser que este disponga de "pértigas", como la que se muestra en la figura, o recursos para hacer frente a los mismos.

La falta de acceso real a los recursos que permitan el control de todas esas circunstancias estresantes que afectan a la propia vida y bienestar, facilita el estado de vulnerabilidad (mayor susceptibilidad a los efectos de los estresores del ambiente) de los sectores de la población socioeconómicamente bajos.

La vulnerabilidad de los recursos exacerba pues, una mayor incidencia de problemas. De aquí que las intervenciones, incluso aún cuando se realicen en un nivel individual, deberían tener como blanco los sistemas de recursos del individuo en lugar del individuo en sí o sus déficits. 0 dicho en otras palabras, la intervención no se centra en la víctima sino en las condiciones que la propician.

El concepto de vulnerabilidad en este modelo estaría vinculado al grado de disponibilidad y accesibilidad a los recursos en lugar de ser una condición intrapsíquica o de la personalidad individual. El cambio social y organizacional sería un corolario lógico de este concepto de vulnerabilidad. El modelo subraya la importancia de los recursos y plantea el debate sobre la desigual distribución de estos, la desigual distribución del poder, del control y de las oportunidades de acceso al bienestar. Reabre el análisis crítico del principio de "igualdad de oportunidades". El modelo alienta a que -parafraseando las palabras de un exporto en política social- "el trabajador social levante la cabeza de su mesa de trabajo y otee el horizonte de la política social". Una política que determina en gran medida el alcance, el éxito o el fracaso de los objetivos programados, por encima, incluso, de los bienintencionados esfuerzos que los trabajadores sociales podemos estar realizando. Hasta tal punto somos tributarios que no está demás estar avisados de algunos extremos de la política social.

Cuando hablamos de Programas de Intervención Social la primera pregunta que se nos plantea es la de "¿Intervenir, para qué?", pregunta cuya respuesta nos aboca directamente a plantearnos los objetivos de los programas sociales. A su vez, los objetivos nos lleva a preguntarnos por los recursos y por las prioridades y, por tanto, por las políticas sociales.

La "igualdad de oportunidades" ha sido uno de los principios rectores -objetivos- de las políticas sociales inspiradas en el Estado de Bienestar. Estas políticas habían surgido de la constatación de dos hechos:

1. La accesibilidad y la disponibilidad de recursos produce bienestar y calidad de vida.

2. Existe una desigualdad en el acceso a los recursos.

Aliviar esta desigualdad fue pues uno de los principios rectores del Estado de Bienestar. No obstante, este principio no ha dejado de ser un mero desideratum y un criterio puramente ornamental de cuantas declaraciones programáticas se han realizado. Un elemento este que ha incidido de modo relevante en el descrédito y crisis del Estado de Bienestar.

En efecto, los programas de intervención social están teniendo lugar en un contexto de crisis, en un contexto de crisis de legitimación -como denominan algunos autores- del Estado de Bienestar.

Crisis que paso a caracterizar muy sucintamente:

lº. En primer lugar, las políticas sociales inspiradas en el Estado de Bienestar han fracasado en lograr una redistribución de rentas y en promover un cierto igualitarismo en cuanto al acceso a los recursos. Se constata pues que hay una desigualdad en el acceso a los recursos que producen bienestar y calidad de vida, y el estado de Bienestar fracasa en aliviar esas desigualdades.

2º. Los programas de intervención basados en las políticas sociales del Estado de Bienestar se están mostrando incapaces de resolver ciertas situaciones y de enfrentarse a problemas nuevos que comienzan a surgir (droga ... ). Por más programas que se han planificado para atender los problemas de la marginación, pobreza, delincuencia, drogadicción..., no han logrado terminar con los pobres, marginados, drogadictos, delincuentes... Antes al contrario, estos aumentan en progresión geométrica. ¿Podrán terminar con los 8 millones de pobres que tenemos en nuestro país?.

3º. El valor consumiste de los servicios sociales, junto con el envejecimiento de la población, el avance de la jubilación, el aumento del paro, especialmente en el colectivo de jóvenes, y la aparición de nuevos problemas con carácter epidémico (droga ... ) incrementan el porcentaje de la población dependiente "a costa" de la población más activa y empleada. Todo ello tiene importantes y graves implicaciones. Por una parte, cada vez son más los usuarios y consumidores de programas. Del ciudadano, sujeto activo, se pasa progresivamente al asistido permanente. Por otra parte, cada vez son menos los recursos de financiación, que alientan a su vez los planteamientos neoliberales en la política social. Los criterios economicistas con un recorte y/o contención del gasto social pasan a un primer plano desarrollándose así un cierto darwinismo social en donde los pobres, viejos, marginados, minorías étnicas se las "apañan como pueden". No obstante, la función política que cumplen las prestaciones sociales cual es la de amortiguar las contradicciones y por tanto, estabilizan el sistema, hace que este darwinismo social se ejerza de un modo controlado.

4º. Indefensión social y política de los supuestamente beneficiarios del Estado de Bienestar. La política social al no cuestionar la real desigualdad estructural en el acceso a los recursos propicia que sean cada vez más los miles de ciudadanos que son arrojados a la miseria y a las condiciones de indefensión social. Esta conlleva también una indefensión política. Los pobres, marginados y otros elementos escasamente activos en el proceso de producción, por la escasa percepción de control que tienen sobre su ambiente, ni siquiera perciben la necesidad de organizarse y, menos aún, de participar activamente en la vida política.

El Estado de Bienestar se pertrecha a su vez de concepciones democrática e instrumentos legislativos, políticos y de participación que contribuyen a sancionar el "statu quo" de insolidaridad y miseria. Se propicia una vertebración superestructural monopolista por arriba con dos grandes opciones, o a lo sumo tres, de tipo político; y se propicia también una opacidad y atomización social por abajo. La uniformidad cultural e ideológica que este fenómeno conlleva es uno de los grandes obstáculos para la transformación del propio Estado en un sentido de facilitar la igualdad en el acceso a los recursos. O dicho en otros términos, el cambio social -que como recordaremos se propugna desde el modelo de competencia- sólo es posible en la medida que exista una mayor pluralidad política, una pluralidad que refleje auténticamente lo desigual en lo económico de la sociedad.

5º Por último, otra de las características de la crisis del Estado de Bienestar es que las decisiones que se adoptan, respecto a qué programas sociales implantar, están orientadas por el sistema. Esto nos lleva a plantearnos los criterios de pertinencia en el contexto del sistema socioeconómico capitalista y el estilo de intervención que se promueve en la práctica de los programas. Criterios y estilo que reproducen un proceso de culpar a la víctima haciendo a esta más indefensa y, sobre todo, centrando en la misma el origen de los problemas y no en la real y desigual distribución de recursos.

Al estudiar la pertinencia se examina la justificación de las políticas, los programas, las actividades, los servicios y las instituciones que las dispensan.

¿Están justificados los programas en términos sociales, es decir, están encaminados a resolver problemas de gran importancia social?, ¿están claramente definidas las prioridades?, ¿están claramente relacionadas las actividades con los objetivos?, ¿el programa contribuye directa o indirectamente al mejoramiento social de la población interesada?, ¿se agravaría significativamente las condiciones de los pobres, drogadictos y marginados si no hubiera programas para ellos?... Preguntas todas ellas que nos las planteamos cuando intentamos evaluar la pertinencia de un programa. Responderlas, pondría en serias dificultades a la mayor parte de los programas en curso que son planificados y ejecutados con una gran improvisación. La existencia fortuita de un presupuesto que no se sabe qué hacer con el, la necesidad de justificar la existencia de ciertas organizaciones o grupos de asesores y la exigencia de publicidad oportunista vienen a ser, lamentablemente, con excesiva frecuencia los únicos criterios relevantes que definen la existencia de un programa.

Todo ello nos lleva a hacernos algunas preguntas clave cuando hablamos de pertinencia. ¿Quién?, ¿cómo? y ¿en dónde? se toman las decisiones para iniciar un programa. El proceso de culpación a la víctima que, lamentablemente, se genera en la mayor parte de los programas sociales nos puede ayudar a comprender mejor el concepto de pertinencia o justificación de los programas así como el alcance de estos interrogantes que se plantean en la toma de decisiones.

En la figura 3 se puede observar una representación gráfica del proceso de culpación. En este proceso la estructura política y socioeconómica, al facilitar una desigual distribución de recursos, está produciendo problemas sociales (paro, pobreza, marginación ... ) con su cortejo de víctimas (pobres, drogadictos, alcohólicos, escolares "fracasados", etc.) que son a su vez causa y efecto de los programas de intervención social.

En efecto, la existencia de víctimas justifica la existencia de programas sociales y estos, al no incidir en la causa estructural que las originan: la desigual distribución de recursos, y estar orientados a la propia víctima, tienen el efecto de promover la culpación a la misma de las condiciones que padecen. Se genera así un proceso de culpar a la víctima cuyas características más relevantes son:

1ª La decisión de comenzar un programa está orientada por el propio proceso de culpación y, por tanto, por el propio sistema. Los programas raramente ponen en cuestión el sistema o las condiciones estructurales que originan los problemas sociales. El sistema se exculpa propiciando la evaluación de la víctima y centrando la intervención en la misma. Se promueve la evaluación descontextualizada del niño que "fracasa" en el colegio, del drogadicto que sucumbe ante la acción de la droga o del delincuente que roba. En cambio, no se promueve la evaluación del contexto escolar del sistema pedagógico, del contexto urbanístico y ocupacional de los barrios y ciudades, y no se promueve tampoco la real desigualdad existente en el acceso a los recursos. No se evalúa en definitiva el poderoso impacto que tiene un medio que presiona incesantemente para consumir y que no provee de recursos para hacerlo.

2ª Los expertos y autoridades del sistema son los protagonistas del proceso y quienes deciden por tanto acerca de qué programas realizar y cómo ejecutarlos. Por el contrario, las víctimas vienen a ser receptores pasivos de los programas fomentándose así una mayor indefensión en las mismas.

3ª Se desnaturaliza el criterio de pertinencia como orientador en la decisión de comenzar un programa. En este sentido cabría plantearse muchos interrogantes. ¿Qué sería más pertinente, los recursos destinados a tratar los problemas de adicción o los recursos que podrían haber evitado el uso de drogas? ¿por qué estos últimos programas no se planifican?, ¿qué es más pertinente, desarrollar programas ocupacionales, de talleres..., para drogadictos u ocupación y talleres para jóvenes al salir del colegio?, ¿es pertinente esto?. Parece que sí, sin embargo el sistema no lo hace. A propósito de drogas, todos sabéis que las propiedades reforzantes de las drogas han llegado a influir de un modo extraordinario en la vida de los adictos. Estos, pasan gran parte de su tiempo pensando, hablando y ocupándose de actividades que tienen como finalidad obtener droga, pero tanto como otros individuos gastan su tiempo pensando y planificando actividades para adquirir otros reforzadores tales como coches, casas e influencia social, o especulan para lograr dinero y poder. Sin embargo, el sistema propicia programas, seminarios, jornadas y otros eventos dirigidos a un tipo de adicciones y no a otros. ¿Os imagináis grupos de ricas para "desintoxicarse" de su adicción al dinero?, ¿no sería pertinente hacer un programa social para deshabituar a determinados grupos financieros de su adicción al dinero y a la especulación?, ¿no parece que estos programas evitarían más problemas sociales que aquellos orientados a la deshabituación de la heroína?.

¿Qué es más pertinente un programa de depuración de aguas o un programa dirigido a evitar la contaminación de las aguas?, ¿un programa de rehabilitación de dislexias o un programa dirigido a optimizar la comunidad escolar?, ¿un programa dirigido a desarrollar prestaciones para niños en condiciones difíciles o un programa de planificación familiar tendente a evitar las 60.000 madres solteras existentes?. Todos estos interrogantes nos ayudan a percibir con claridad la ausencia de planificación y la dudosa pertinencia de muchos de los actuales programas en curso, muchos de los cuales se dirigen a enfrentarse a los problemas y crisis después de que estos han ocurrido.

4ª El desarrollo de circuitos y redes específicas de servicios es consustancial al propio proceso de culpación que tiene el impacto de amplificar aún más la marginación de las víctimas. Se preparan ambientes especiales para la hipotética reinserción tales como cárceles, reformatorios, y se planifican redes y servicios específicos tales como centros de salud mental, centros para ancianos, centros para toxicómanos, centros para enfermos del SIDA, etc. Y no se promueve la optimación de la red general de servicios que permita planificar y distribuir servicios globales e integrados.

5ª Promueve también un estilo de distribución de servicios que redunda en culpar a la víctima y alejar las posibilidades de control sobre las circunstancias que la originan. Un estilo que presenta las siguientes notas distintivas:

a) Es un estilo de espera que aguarda pasivamente a que la gente adquiera su condición de víctima. En la figura 4 se puede observar gráficamente como los "Centros integrados de servicios sociales" son meros receptáculos de la miseria social, de ahí que estén representados por un contenedor de basura. Las condiciones estructurales están produciendo una avalancha humana que yo denomina "peregrinaciones postmodernas" o la "postmodernidad en peregrinación" que plásticamente describen esos movimientos migratorios hacia los dispositivos que dispensan ayudas sociales. Eso sí, de estos dispositivos salen muy bien clasificados: los drogadictos para las granjas, los ancianos para los asilos, etc .Aparte de no incidir en la desigualdad estructural de recursos tiene otros serios inconvenientes: es difícil conocer de este modo las necesidades reales y las condiciones de riesgo de la comunidad, y la planificación de las limitadas ayudas con criterios redistributivos viene a ser una tarea imposible de realizar.

b) Se suele realizar en el marco de una acción individual al mismo tiempo que se promueve una definición individual de los problemas. Esto es especialmente grave para el proceso de intervención. Existen problemas que, independientemente de su vehículo de expresión, son de naturaleza grupal, organizacional, institucional o comunitaria y que su solución adecuada exige intervenciones en estos niveles. En este sentido y parafraseando a Rappaport "si el cambio en el nivel no es apropiado para la solución de la dificultad, la solución en sí misma llega a ser un problema". Esto mismo ocurre por ejemplo, cuando intentamos asimilar a la cultura paya, mediante un proceso de escolarización, a un niño gitano al margen de su comunidad de referencia. El resultado puede ser que estemos promoviendo un proceso de marginación de ambas culturas: la paya y la gitana.

c) Desarrolla el fenómeno del "enemigo complaciente". Este fenómeno definido por Ryan como el agente de servicio público que da a la gente lo que tiene, pero al mismo tiempo les roba la dignidad y el sentido personal de control, suele estar presente con demasiada frecuencia en la filosofía de distribución de servicios de los programas sociales. Por poner algún ejemplo, no faltan programas de tercera edad que desarrollan servicios tales como peluquerías para los ancianos, clubs para los ancianos, gimnasios para los ancianos, comedores para los ancianos. Aparte del efecto marginador y segregacionista, este planteamiento encierra una concepción tutelar que promueve indefensión. Enfatiza "los recursos para los ancianos" en lugar de "el anciano es un recurso", un estimado recurso que, bien utilizado, puede ser de gran provecho para una comunidad. Son, muchos de ellos, expertos conocedores de la historia del pueblo o del barrio y auténticos artesanos y artistas que, sin duda, podrían desarrollar su magisterio en los contextos escolares, o en otros contextos comunitarios, a condición, ¡eso si! de no marginarlos en "lugares para ancianos". Este fenómeno lo único que promueve es un creciente descompromiso de los ciudadanos por los asuntos comunitarios.

d) La distribución de servicios se realiza de un modo contingente a la exhibición de comportamientos de mendicidad o autoculpación. Es decir, la condición para acceder por ejemplo a recursos de alimentación y cama en un albergue de mendigos es mostrar comportamientos de mendicidad; o la condición para acceder a determinadas ayudas económicas es mostrar certificados de minusvalías. De este modo se está fomentando, por un mecanismo de refuerzo operante, los propios comportamientos que definen a la víctima. Las instituciones, por su estilo de distribución de servicios, pasan a ser agentes de primerísimo orden en el proceso de culpación.

e) Por último, este estilo fracasa en lograr una adecuada redistribución y aprovechamiento de los recursos de una comunidad. Se sitúa en las antípodas del modelo de competencia que definíamos al comienzo y previene el cambio social en cuanto facilita la despolitización y exculpa al sistema socioeconómico imperante, de las desigualdades existentes.

A modo de resumen, me permito señalar algunas reflexiones derivadas de las argumentaciones anteriores y que pueden suscitar elementos para el coloquio. Reflexiones en torno a los criterios que deben orientar la planificación, pertinencia y estilo de distribución de servicios de los programas sociales.

1º. Un programa será más pertinente en la medida en que se base en el conocimiento de las necesidades de la comunidad y en la evolución de estas.

2º. Un programa será más pertinente en la medida que garantice la no perdurabilidad del mismo, o dicho con otras palabras, cuanto menos se haga necesario asimismo con el paso del tiempo.

3º. Un programa es tanto más pertinente cuanto más se aparte del proceso de culpación y más se acerque al modelo de competencia. 0 sea:

a) Cuanto más incida en las condiciones estructurales y pretenda cambios en organizaciones, instituciones, barrios, comunidades. Ejemplo de ello serían programas de optimación y cambio de albergues y de dispositivos de servicios sociales; programas de reordenamiento urbanístico y de redistribución de recursos en el marco de un ordenamiento de zonificación y códigos de clasificación del suelo; diseño ambiental y disposición y organización de recursos en contextos sociales como colegios, clubes, etc., a fin de fomentar el bienestar, la participación y el compromiso de la gente; por poner tan sólo algunos ejemplos.

b) Cuanto más incida en acciones globales a través de redes inespecíficas. los problemas diferentes necesitan aplicaciones diferentes pero no específicas de los recursos y servicios generales. Redes específicas promueven acciones susceptibles de ser estigmatizadoras para las poblaciones a las que se dirigen.

c) Cuanto más incorpore a las víctimas o grupos sociales a los que se dirigen los programas. Cualquier acción ha de plantearse como comunitaria que promueva la competencia, el compromiso y la percepción de control de los grupos sociales "consumidores" de los programas. En este sentido deberían introducirse en los programas indicadores que evaluarán la participación así como la organización y vertebración de espacios de poder.

4º. Un programa es tanto más pertinente cuanto más se centre

en los recursos existentes de la comunidad y en la capacidad de esta de desarrollar procesos de investigación y desarrolla de nuevos recursos. Ello comporta una adecuada racionalidad en el uso de los recursos mediante programas que tiendan a la integración y coordinación de los mismos.

5º Y sobre todo, y para terminar, una nueva llamada a la necesidad de tener un horizonte político claro que promueva la descentralización del poder, la participación y la solidaridad en un esfuerzo decidido de redistribuir la riqueza. Un horizonte de un mayor pluralismo político.

Los problemas sociales de la magnitud y gravedad que tenemos es, ¡no cabe duda! una palpable evidencia del fracaso del sistema capitalista para aliviar las desigualdades: crisis de tipo cultural y de legitimación referida a este sistema socioeconómico y político. La contradicción de un sistema sometido por una parte a la ley del libre mercado y por tanto, a la propiedad privada de los medios de producción y de los recursos, y por otra, a los requerimientos de las necesidades sociales, y por tanto, socialización de los recursos. Un sistema que se basa en un concepto utilitarista de la persona.

El paraguas que ha supuesto el Estado de Bienestar para amortiguar estas contradicciones se hace girones al desvelar la incapacidad del sistema para hacer frente a los problemas sociales más acuciantes.

La existencia de estos problemas es, como diría José Navarro en el prólogo de este libro revelador "Pobreza y Marginación" en España- una dura interpelación al sistema democrático. En este sentido, y con ello termino, opino que deberíamos ser más contundentes y radicales en la crítica de nuestro sistema democrático, un sistema en el que no se cumplen los más elementales derechos humanos para muchos ciudadanos. Más críticos, digo, no para renunciar a el, sino para hacerlo más profunda y radicalmente democrático. Gracias.

Material adicional / Suplementary material

Figura 1. Cambio Social.

Figura 2. Estresores de la vida.

Figura 3. Proceso de culpación a la víctima.

Figura 4.