Papeles del Psicólogo, 1985. Vol. (19).

Daniel Iríbar

Directora general de Acción Social

Esta Dirección General de Acción Social, que la es a su vez del Instituto Nacional de Asistencia Social y del Instituto Nacional de Servicios Sociales, es una Dirección muy compleja, que ha heredado las estructuras de las sucesivas políticas sociales que ha tenido la Administración del Estado; es decir, aquí está acumulado la historia de lo que fue la Dirección General de Beneficencia, la historia de lo que fue la Dirección General de Asistencia... Hemos venido desacumulando esa práctica benéfica y asistencial. Es un esfuerzo difícil, porque la Beneficencia en España tiene cuatro siglos de historia. Nosotros tenemos un programa de Gobierno que rechaza toda la práctica marginal, benéfica y paternalista y esto supone desactivar todas las funciones que están orientadas en esa línea, desde aquellas prestaciones sociales que no están regulados por derecho y que no están estructuradas sobre la base de una problemática social definida. La identificación de los Servicios Sociales es un esfuerzo permanente. Estamos todavía en un tránsito que culminará con una reforma más general, que es la que se va a establecer con la Ley de Servicios Sociales, ley que elaboraremos a partir de la definición del marco de reforma de la Seguridad Social.

En la cifra en que los presupuestos de esta Dirección General han aumentado. Esta Dirección General se ha esforzado por ir aumentando su presupuesto y por ir orientándolo hacia programas muy concretos. Frente a la herencia de unas prestaciones muy paternalistas y sin contenido programático, desde que llegamos planteamos, por ponerte un ejemplo, que el programa de subsidios a ancianos y enfermos incapacitados se convirtiera progresivamente en una pensión asistencial. Eso supuso subir el presupuesto de ese programa concreto un 45 o un 50 por 100. En los programas, unos de nueva creación y otros que ya estaban, los hemos reconvertido hacia unas prestaciones de derecho. Ha supuesto un aumento presupuestario muy por encima del índice del coste de la vida.

Entre los más significativos puedo citar el programa de pensiones asistenciales, que no eran tales pensiones, sino un subsidio de ayudas a las personas con invalidez y con vejez. Eran 5.000 pesetas cuando aquí llegamos y hemos hecho un esfuerzo hasta ponerlo en 11.000 pesetas en enero del 85. Otro ejemplo: no había una política para la atención a los refugiados y exiliados, de modo que nos hemos esforzado en presupuestar unas actuaciones en relación a estos colectivos, enmarcadas también en una ley, que es la Ley de Asilo, por la que se prestan una serio de derechos a las personas que tengan el reconocimiento de asilo en España; se articula a la vez una serie de programas para facilitar a través de convenios con Naciones Unidas el retorno a su país para aquellas personas que tengan posibilidades para terminar con su situación de asilo. Este es un programa nuevo; no existía en la Dirección General. Otro programa que se ha institucionalizado es el de la cooperación con las organizaciones no gubernamentales. Había una serie de ayudas a las asociaciones, pero no existía un plan de Convenios-programa que articularan el esfuerzo de la Administración hacia el tejido social. Esta Dirección General ha abierto una financiación y una asistencia técnica a aquellas asociaciones, colegios profesionales y fundaciones que trabajan en el campo de la acción social a efectos de que lo que estas organizaciones realicen sea aprovechable para todas las personas en el marco de la planificación que se marca desde la Dirección General de Acción Social. Otro programa nuevo es la puesta en marcha de la Ley de Integración de Minusválidos. Esta ley estaba aprobada, pero no estaba presupuestada ni había los decretos de su desarrollo; se desarrollaron los decretos y se ha iniciado la puesta en marcha de las prestaciones tanto en pensiones asistenciales, como en asistencia sanitaria y farmacéutica y en otras prestaciones de servicios sociales. Estos son algunos programas que, desde que nosotros estamos aquí, se han venido desarrollando.

Para nosotros es prioritario la ley de Servicios Sociales. las actuales estructuras administrativas son un obstáculo para la Acción Social. Nos hubiera gustado caminar más deprisa en poner en marcha la ley. Es prioritario, porque en este momento la Dirección General de Acción Social se está moviendo con tres administraciones distintas y es muy difícil articularlo aquí todo. Soy directora general de un Instituto que funciona por un régimen de la Seguridad Social, más de otros Instituto que funciona como Organismo Autónomo del Estado, más de las propias competencias que en la Dirección General tengo que pertenecen a la Administración Civil. Así resulta que tengo tres servicios económicos que funcionan independientemente. Al ciudadano de alguna medida esto le confunde, porque él, por ejemplo, va a un Servicio y ve que le exigen unas requisitos distintos por ser de la Seguridad Social, que por ser de la Beneficencia, o de la Acción Social. El ciudadano siente que hay categorías sociales distintas a la hora de tener un derecho o de tener un servicio de la Administración Pública y, para él, la Administración es una. Pretendemos que se unifiquen el régimen económico y presupuestario de los Servicios Sociales, que los Servicios Sociales se constituyan en un sistema para dar un derecho al ciudadano a una prestación; romper el sistema de categorías. Hay trabajadores que tienen unos derechos y unos Servicios Sociales vía Seguridad Social. Hay los pobres de solemnidad, que tienen unos derechos o unas prestaciones sociales vía beneficencia. Y hay unos colectivos de marginación social que tienen unas prestaciones vía Acción Social. Con la ley de Servicios Sociales, pretendemos que haya igualdad de Derechos y de Obligaciones ante situaciones de necesidad.

¿Podrías ampliarnos qué objetivos pretendéis alcanzar con la ley de Seguridad Social independientemente después, en la negociación con los agentes sociales, se vean modificados de una u otra forma?

Los objetivos de la ley de Servicios Sociales son de dominio público, porque vienen en el propio programa de Gobierno. La ley de Servicios Sociales se plantea establecer una asistencia básica a cualquier persona en estado de necesidad. la asistencia básica tendría una serie de prestaciones orientadas a que las personas que carecen de ambiente familiar adecuado -niños que no tienen familia, ancianos que viven solos, o minusválidos que tienen una dificultad de integración, etc.-, o sea, cualquier persona que carezca de medio familiar adecuado -niños que no tienen familia, ancianos que viven solos, o minusválidos que tienen una dificultad de integración, etc.-, o sea, cualquier persona que carezca de medio familiar adecuado, tenga un ámbito convivencial en una residencia o en un lugar o en una familia sustituta; es decir, que cualquier persona que se encuentre en este país en una situación de carencia convivencial encuentre un marco convivencial, según la situación que tenga y según la situación que tenga y según las posibilidades que existan. Otro objetivo básico es la prevención: la mayoría de los problemas que se atienden en el ámbito de los Servicios Sociales vienen dados porque no existe una prevención. Estas medidas preventivas abarcan desde un programa de prevención de la delincuencia, un programa de prevención contra la drogadicción, un programa de prevención de la marginación de minorías étnicas, etc. Toda una serie de programas que articulen medidas preventivas APRA que determinados colectivos que están viviendo una situación de marginación la superen. Un programa también de colaboración social y de apoyo al asociacionismo, que como te he dicho, hemos iniciado a nivel de organizaciones estatales, pero que pretendemos que descienda hasta niveles territoriales de carácter local, de tal forma que el tejido social pueda refortalecerse y pueda actuar de forma colaboradora con la Administración Pública. Por supuesto, estos programas vienen complementados con otros programas que afectarán a la reforma de la Seguridad Social: las personas que tienen una pensión asistencial irán progresivamente elevando su cuantía hasta que alcance unos mínimos para vivir dignamente; para las personas que no tienen asistencia sanitaria se generalizará la asistencia sanitaria; las personas que no tienen educación, ni escuela, tendrán su marco de atención educativa. los problemas de la marginación exigen, no solamente una prevención, sino que además que los demás sistemas de la prevención social deben estar extendidos y desarrollados a efectos de que no generen una marginación desde esos sistemas que luego incida en la política de, Servicios Sociales. Este es el esquema en cuanto a contenidos. Por supuesto, como esto afecta a la reforma de la Seguridad Social, la definición última que vaya a tener el contenido de la ley vendrá dado de los acuerdos que se establezcan en el seno del AES en esta materia y de los acuerdos a que se llegue a nivel institucional con las Comunidades Autónomas.

Yo te diría que, por lo menos en estos dos años de gestión se han abierto dos programas que no tienen nada de carácter asistencial: el programa de cooperación social, que se ha abierto en la Dirección General de la Acción Social y el programa de integración para prevenir marginaciones que se ha abierto en el INSERSO; todavía son pequeñitos, pero son la otra cara de la moneda de lo asistencial. El programa de cooperación social no existía y tiene un compromiso de 1.000 misiones de pesetas. Es una cuantía muy interesante.

En este programa de cooperación social estamos trabajando con el Colegio de Psicólogos, entre otros con el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Economistas, las Universidades; o sea, pretendemos que el campo de los Servicios Sociales llegue a los ámbitos profesionales y al ámbito universitario. ¿Por qué? Porque entendernos que en estos temas no basta con diseñar una red asistencial, sino que hace falta un esfuerzo técnico de las organizaciones profesionales y de la propia Universidad para trabajar en estos temas, temas que habían estado totalmente marginados del campo de la actividad profesional: podía haber psicólogos, asistentes sociales, economistas y abogados que trabajaban con nuestros organismos, pero no había una definición de una actividad profesional clara desde los Colegios profesionales en relación a estos temas, con lo cual en este programa de cooperación social lo que principalmente se persigue no es tanto prestar acciones asistenciales, porque no tiene ese contenido, sino garantizar que la actuación de los profesionales de estas materias integre los programas de Servicios Sociales; es decir, que los Servicios Sociales, están presentes en la programación de las actuaciones de los psicólogos, de los economistas, de los abogados, de los asistentes sociales. Estas, profesiones tienen que ser integradas en el marco de los programas multidisciplinares. lo mismo ocurre con la Universidad. Se van a iniciar las Escuelas Universitarias de Trabajo Social y había una plantilla de profesorado preparado para llevar a cabo las materias docentes dentro de la Universidad. No se trata sólo de esto, sino de abrir los departamentos de investigación que colaboran con los Servicios Sociales que desarrollan programas operativos. Estos departamentos de investigación permiten que a la vez que los Servicios Sociales operativos actúan a nivel de región o de Comunidad, que las Universidades puedan colaborar en un programa-convenio con nuestros departamentos, haciendo el seguimiento y la planificación de programas que en un momento determinado pueden clarificar la evolución sociológica y el análisis dentro de un marco de muchos factores que, a veces, desde que nace una actividad asistencial no se ven. Corno estos programas, hay otros para fortalecer la solidaridad social, que persiguen que as personas que viven un problema social se asocien y ellas mismas valoren qué está haciendo la Administración en relación al problema que viven y qué cosas pueden hacer desde su propia solidaridad como colectivo para resolver sus propios problemas; nosotros financiamos esos programas que ellos mismos potencian y hacen. Esto rompe el esquema paternalista. No somos nosotros quienes, desde fuera de ellos, definirnos programas. Son ellos lo que definen programas de solidaridad para su propio colectivo y nosotros apoyarnos financieramente y técnicamente, porque ellos carecen de profesionales que les puedan orientar. El otro programa que te decía de integración social tiene ya unas características más locales: se trata de valorar en una localidad concreta cuáles son las carencias de una comunidad y qué mecanismos se pueden desarrollar desde la Administración, es decir, desde nuestro Instituto, para actuar frente a estas carencias, pero con la propia Comunidad. Son los que se llaman programas de desarrollo comunitario, es decir, que una Comunidad analiza sus propios problemas y valora que los problemas carenciales más graves en la Comunidad son A, B, C o D, y entonces la propia Comunidad va a organizarse junto con las Instituciones locales para abordar esos tomas.

El programa de integración social se ha empezado ahora y tiene alrededor de 250 millones. El otro programa iniciado tiene otro carácter asistencial, que es el de servicio a domicilio. El Servicio Social domiciliario, tiene un carácter directo. Ha ocurrido muchas veces que se han disuelto una unidad de convivencia simplemente porque una persona se ha quedado inválida, porque la madre se ha quedado inválida, y los niños han ido a parar a instituciones, o el padre ha tenido que buscar otra persona para atender a sus niños y se ha disuelto una unidad convivencial. Nosotros lo que pretendemos es que allí donde las personas conviven en libertad y problemas ajenos a su propia voluntad rompen esa estructura convivencial, el Servicio a domicilio sustituya la función de aquellos miembros en el marco de la convivencia que por las razones que sean no pueden cumplir sus funciones convivenciales.

Los funcionarios trabajan para el programa que marca la Dirección General. La Dirección General cuida de poner en estos programas a aquellas personas más sensibilizadas por ellos. Te puedes encontrar funcionarios habituados a una práctica concreta administrativa exclusivamente, o a una práctica paternalista; hay funcionarios de todos los tipos y lo que aquí hemos procurado nada más llegar es ubicar a cada funcionario dentro de la función que nosotros hemos entendido que cuadraba con su capacidad. Creo, por ejemplo, que el esfuerzo que ha hecho el equipo que lleva los programas de Cooperación Social es una de las cosas más bonitas que aquí hemos visto, de despliegue de energía y de entusiasma.

La estructura autonómica del Estado, ¿crea problemas a la aplicación de la política diseñada por el Gobierno Central?

En principio, no debería crear ningún problema.

En la práctica crea aquellos problemas que no están previstos en los decretos de transferencias; es decir, en principio toda la relación de la Administración Central con las Autonomías se mueve en los marcos de los Estatutos de Autonomía y de los decretos de transferencia. Lo que ocurre es que determinadas cuestiones no fueron previstas a la hora de hacer estas transferencias; hay disfuncionalidades y es lo que nosotros pretendemos corregir con la convocatoria de conferencias sectoriales, por las cuales el ministro de Trabajo convoca a los consejeros de las Autonomías y se revisan aquellos temas que no han quedado claros competencialmente en el marco del decreto de transferencia.

Lo concretarla en algo mucho más objetivo. Efectivamente, cada Comunidad Autónoma tiene un programa que respondo al partido que gobierna en esa Comunidad Autónoma. Puede haber diferencias entre nosotros y una Comunidad Autónoma que tenga un programa distinto. Pero eso no genera diferencias estructurales de carácter administrativo. Aquí no se viven los problemas desde un punto de vista ideológico; desde la Administración se viven los problemas desde un punto de vista competencial. Aquí están diferenciadas las competencias de la Administración Central y las competencias de las Comunidades Autónomas y, por eso, los problemas reales que tengo con las Comunidades Autónomas son aquellos donde en el decreto de transferencia aparecen competencias del Estado y competencias de esa Comunidad Autónoma. Aquí no se pueden vivir los problemas desde otro punto de vista, porque estamos en la Administración y ésta representa a las instituciones, ya que esta es una representación institucional, la nuestra y la de las Comunidades. A la hora de interpretar cada uno aporta su filosofía y su programa.

A nivel de principios, sí que parece que hay una unidad de criterios: por ejemplo, lo benéfico es rechazado por todos.

Sí, ése es un tema bastante general en casi todos los programas de todas las Comunidades; es decir, yo creo que hemos dado un avance cualitativo-histórico en todo este campo, y es que cualquier Comunidad Autónoma independientemente de cual sea su programa político y su filosofía, tiene un esquema de rechazo de lo benéfico y lo paternalista como fórmula de acción social. Otra cosa es que luego eso no queda lo suficientemente claro a la hora de definir programas.

Determinadas actividades que esta Dirección General ha hecho han sido cuestionadas por algunas Comunidades Autónomas, como Galicia, que nos ha llevado a una declaración de incompetencia ante el programa de Cooperación Social; lo resolverá el Tribunal Constitucional. El Consejo de Ministros reconoció como competencia específica de esta Dirección General el desarrollar programas de cooperación social con organizaciones estatales. El criterio de la Comunidad Autónoma de Galicia era distinto, era contrario.

Eso ya no te lo sabría decir, porque yo no he seguido directamente la gestión de la Junta de Galicia.

Sobre la drogadicción esta Dirección General ha tenido una competencia que era asumida la Secretaría de la Comisión Interministerial de la Droga y no habla un programa del desarrollo del terna por parte de la Dirección General, ni estaba consolidado presupuestariamente. En lo que se refiere a la droga, efectivamente, está previsto llevar a cabo un Plan Nacional: esta Dirección General entregó su análisis y valoración y propuestas de medidas al Gobierno y a la Comisión Interministerial y a avista de todas las documentaciones y aportaciones que esta Dirección General desarrolló en el marco de la Comisión Interministerial, se acordó elevar a las Cortes un Plan de Gobierno a nivel de Estado para el tema de la droga, plan de Gobierno que se confirmó a través del Presidente en el discurso del Estado de la Nación. En el plazo de seis meses a partir del discurso del Estado de la Nación, se elevará al Parlamento un Plan, y en estos momentos lo que hay es un trabajo de diseño de ese plan. los Ministerios implicados son: Interior, Justicia, Sanidad y Seguridad Social. Yo de momento no te podría avanzar más, ya que los trabajos son internos a esa Comisión.

Desde Servicios Sociales hay una clarificación de que la profesión de psicólogo es una profesión de las que deben de integrar en los equipos interprofesionales que actúan en el campo de los Servicios Sociales. En esa línea nos hemos acercado al Colegio Oficial de Psicólogos y hemos planteado avanzar en este camino para que desde el Colegio de Psicólogos y en convenio con esta Dirección General se puedan determinar cuáles serían las aportaciones de la profesión de psicólogos a las funciones de los equipos multiprofesionales. Además, en los Servicios Sociales hay una tradición histórica y es la de incorporar psicólogos al campo de los Servicios Sociales. Ha habido una expansión y un proceso de presencia de los psicólogos que no se había dado históricamente, en el sentido de que en este momento hay muchos psicólogos que están dirigiendo departamentos y servicios y organismos. En el campo de los Servicios Sociales, tanto los psicólogos como los Asistentes Sociales, han sido dos profesiones que han llegado a una implantación y a un desarrollo. Otra cosa es la contratación pública, en la cual también se integran Servicios Sociales. Servicios Sociales no ha podido invertir ni para psicólogos, ni para otro tipo de profesionales. Pero hemos promocionado a los psicólogos que teníamos dentro del campo de los Servicios Sociales. A la hora de desarrollar equipos de trabajo, nosotros este año avanzamos en la oferta pública de empleo y se contratan bastantes psicólogos para los equipos multiprofesionales de aplicación de la Ley de Minusválidos. En ese campo ha habido una expansión, pero en el marco general el problema principal que hemos tenido es que ante la decisión de aumentar créditos para prestaciones de las que se beneficien directamente los ciudadanos, hemos tenido que mantener el crédito de personal aumentándolo en lo que eran esas nuevas prestaciones. Haría una llamada a la Psicología para que valorase el campo de los Servicios Sociales, y para que se definieran más los contenidos del trabajo de la Psicología dentro de los Servicios Sociales.

Nosotros hemos promocionado psicólogos a puestos directivos de los Servicios Sociales, tanto directores de Centros Base, corno directores provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sociales y responsables de los Gabinetes Psicosociales de Atención a la Drogadicción. Notamos que, por no tener una formación administrativa, se encuentran con dificultades. Creo que aquellos psicólogos que tengan como aspiración trabajar en la Función Pública deben tener una formación administrativa, en el campo del derecho, en el de la economía, en el de la organización, gerencia y administración de Servicios Sociales. Es distinto trabajar en un gabinete, donde tú haces una terapia a una persona, a trabajar dirigiendo un centro de Tercera Edad, o un centro de Minusválidos, o trabajar dentro de un Equipo Multiprofesional.

Esta colaboración está abierta; nosotros, cuando plantearnos hacer los convenios-programas con el Colegio de Psicólogos, querernos que sigan esta línea. El campo de los Servicios Sociales es una especialidad corno lo puede ser psicología clínica o del trabajo. Es muy distinta, por ejemplo, la economía de los Servicios Sociales a la economía de la salud. Creo que ahora, con el Colegio, se puede dar un paso más y es la definición de los contenidos de formación para aquellos psicólogos que quieren trabajar en el campo de los Servicios Sociales.